En su mayor parte, las obras en estos inmuebles, que pertenecen tanto a servicios centrales como a periféricos, han consistido en la instalación de ascensores de dimensiones apropiadas para su uso por personas con minusvalía, colocación de rampas, salvaescaleras (plataforma elevadora) y barandillas, adaptación de la zona de entrada a edificios, adecuación de aseos, reserva y señalización de aparcamientos para personas con discapacidad y otras medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas.

La Ley 1/1999, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, estableció un plazo de diez años para que las Administraciones Públicas llevaran a cabo planes de adaptación y supresión de barreras.

Conforme a esta ley, el Gobierno andaluz desarrolla el I Plan de Acción integral para personas con discapacidad en la Comunidad, que tiene vigencia hasta 2006 y en la que se enmarcan las actuaciones para la adaptación de los inmuebles administrativos de la Junta de Andalucía.

Más recientemente, la Ley estatal 5/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no-discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad, ha fijado el plazo de hasta 14 años para que todos los bienes y servicios existentes de titularidad pública, sean accesibles.