El Ministerio de Administraciones Públicas en Madrid ha acogido esta mañana las reuniones constitutivas de dos de los tres grupos de trabajo que se acordaron el pasado mes de julio, en concreto, los de Desarrollo Estatutario y Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos.

Durante la primera reunión de la Comisión de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma se acordó, entre otras cuestiones, la creación de tres grupos de trabajo que con la aprobación del Reglamento de la Comisión se convertirán en sendas subcomisiones.

El primero, uno de los que se ha puesto en marcha este miércoles, tendrá como eje el seguimiento normativo, la prevención y la solución de conflictos, lo que permitirá abordar los litigios pendientes y evitar otros nuevos entre ambas administraciones para procurar una solución al margen del ámbito judicial.

El segundo grupo es el dedicado a las infraestructuras, en el que se abordarán las inversiones y el desarrollo del Plan de Convergencia Interior, y el tercero, que también ha arrancado hoy, estará centrado en las negociaciones para el traspaso de la cuenca hidrográfica del Duero que discurre por el territorio de Castilla y León.

En este sentido, el objetivo del Gobierno autonómico, según informa en una nota, es firmar el convenio para el traspaso en un período cercano a los siete meses, similar al registrado en el caso de la transferencia de la cuenca del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirma en la nota que no se trata de conseguir la transferencia por "voracidad competencial" sino con el objetivo de "cerrar el círculo" en torno a las políticas que ya ejerce la Junta de Castilla y León en materias como el medio ambiente o la agricultura.

Por ello, De Santiago-Juárez sigue reclamando al Ministerio "agilidad" en el proceso de traspaso, pero siempre en el marco de la "adecuada colaboración entre administraciones".

El otro asunto que deberá abordarse entre ambas administraciones es el Plan de Convergencia Interior, un mandato incluido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que cuenta con el compromiso del Gobierno central para coordinar las actuaciones que en él se incluyan.

Esta iniciativa tiene como objetivo el desarrollo de las zonas menos favorecidas de la comunidad. La colaboración del Gobierno de España en este Plan debe servir para que los esfuerzos inversores de ambas administraciones actúen de manera coordinada.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras entrevistarse con el presidente del Gobierno en la Moncloa el pasado 27 de mayo, cifró ese esfuerzo del Ejecutivo central en 125 millones de euros. De hecho, el proyecto de Presupuesto Generales de la Comunidad para 2009 ya contempla una partida por esa cantidad para el desarrollo del mencionado plan.

En cuanto al grupo de Infraestructuras y Equipamiento, encargado de elaborar el Plan de Convergencia Interior, la intención de las dos administraciones es que se ponga en marcha en las próximas semanas.