La Fundación Casa de Alba recurrió ante la Sala de lo Contencioso la resolución de septiembre de 1994 del sericio de Reforma y Desarrollo Agrario de la Consejería extremeña de Agricultura y Comercio, que fijaba en 77,4 millones de pesetas el justiprecio de la finca "Cabra Baja", que había sido declarada de interés social y urgente ocupación por un decreto de 1990. Según la propietaria de la finca, por ella le debían dar 512 millones.

Los informes emitidos por el perito designado por el Juzgado de Olivenza para fijar el justiprecio de la finca han sido determinantes para que la Sala de lo Contencioso Administativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura haya atendido el recurso presentado contra ese justiprecio.

A la hora de dictar sentencia, la sala ha tenido serias dificultades, como ella misma reconoce al calificarla de "tarea nada fácil", desde el momento en que existen en las actuaciones hasta cuatro informes periciales, con valoraciones muy dispares, que van desde los 70 millones que propone el perito de la Administración hasta los más de 637 millones de un técnico propuesto por las partes. Por otra parte, el TSJE rechaza la intención de la Casa de Alba de que el propio tribunal promoviese ante el Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 245-4 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, al considerar que no se atiene a la Carta Magna.