En su recurso, IU-ICV consideraba que la reiterada publicidad en diferentes medios de comunicación social de los debates bilaterales entre candidatos del PSOE y PP "constituye publicidad exclusiva y excluyente de las dos únicas fuerzas políticas que participan en los mismos".

Por ello, la organización liderada por Gaspar Llamazares solicitaba una serie de medidas a aplicar por la Junta Electoral Central, para que fuera este órgano el que cuantificara los tiempos imputables de publicidad electoral.

Antes de tomar su decisión, la Junta Electoral recibió las alegaciones formuladas por los diversos medios de comunicación involucrados.

Vistos los informes la Junta, indica la resolución, "no puede atender la pretensión del denunciante por cuanto el anuncio por los respectivos medios de los debates que vayan a emitir forma parte de la actividad ordinaria de dichos medios, consistente en dar publicidad y promocionar su propia programación, sin que en consecuencia pueda entenderse como propaganda electoral de las formaciones políticas que participaron en el debate".