Estas y otras medidas figuran en un informe enviado hoy al Congreso de los Diputados en el que se insta a endurecer el trámite que exige Ley Orgánica Reguladora de Elecciones Generales (Loreg) para evitar más fraudes como el detectado con motivo de los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo de 1991.

E aquella ocasión, se descubrieron en la ciudad de Madrid cerca de 4.000 votos al PP falsos, que habían sido autentificados supuestamente por el notario Alberto Ballarín (él lo negó y se comprobó que la firma también era falsa), en un asunto que todavía está "sub iudice".

El texto conocido hoy ocupa cerca de 80 folios y resume un análisis del voto por correo desde las primeras elecciones democráticas hasta nuestros días, además de información sobre la regulación de esta modalidad de sufragio en otros píses.

La Junta Electoral Central pone de relieve que las garantías de autenticidad que exige la Loreg "presentan alguna disfunción", por lo que pide que la acreditación de una enfermedad o incapacidad cualquiera para trasladarse a una oficina de Correos o a una embajada (si el votante reside en el extranjero) sea certificada por el médico o por el cónsul de forma gratuita en ambos casos.

Además, cree que ese certificado debería ir acompañado de otros dos: solicitud del interesado para inscribirseen el censo y poder notarial "o autorización con firma legitimada por notario o cónsul".

Toda esa documentación, dice el informe, tendrá que ser presentada en la oficina de Correos o en el consulado por el apoderado, que, a juicio de la Junta, debería ser un pariente cercano, "tal y como se dispone en otros ordenamientos".