En respuesta a una propuesta del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat de Cataluña sobre esta posibilidad, la Junta Electoral expresa su interés por el intento de "remover obstáculos que impiden con plenitud el ejercicio de sus derechos por las personas que sufren discapacidades".

En este sentido, el máximo órgano de regulación de los procesos electorales "efectúa una valoración positiva de la propuesta en lo que supone de aportación a la solución de un problema real".

"No obstante", añade, "la solución definitiva que garantice este interés y a la vez proteja las ineludibles exigencias de la pureza del procedimiento electoral, cuya tutela está especialmente encomendada a esta Junta, exige un estudio específico y detallado, así como, con toda probabilidad, un desarrollo normativo que excede en este momento las posibilidades de la propia junta".

Concluye que sobre esta cuestión "existe un grupo de trabajo en el seno del Ministerio del Interior con la participación de autoridades administrativas y organizaciones que representan a los distintos sectores afectados, a la cual trasladará esta junta la propuesta de la Generalitat de Cataluña, por entenderla especialmente interesante".