También se abrirá xpediente contra Manuela Rosario de la Fuente Abraira, en su calidad de administradora general del Grupo Independiente Liberal (GIL), y contra Inmaculada Pinto Herrero, que actúa como representante general de dicha formación política.

La investigación, abierta a instancias de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, ha encontrado indicios de que las entidades Club Financiero Inmobiliario S.A. y Promociones Guadalquivir, S.A. aportaron cantidades uperiores a 1.000.000 de pesetas, extremo expresamente prohibido por la Ley Electoral.

Asimismo, se considera probado que el GIL no realizó a través de la cuenta corriente electoral, a cuya formalización obliga la ley, la totalidad de los pagos realizados como gastos electorales ni se ingresaron en dicha cuenta todos los fondos destinados a sufragar esos gastos.

Dichas irregularidades no son constitutivas de delito y se consideran "infracción administrativa", que puede sancionarse con multa de ente 5.000 y 100.000 pesetas.