El 70% de la dotación de este plan, que pretende garantizar la seguridad y la calidad de los productos y servicios a los que tiene acceso la ciudadanía, se empleará en reforzar el control de los mercados y en mejorar la formación de la población en la defensa de sus derechos.

Entre las principales novedades recogidas en el documento se encuentran la implantación de la hoja de reclamaciones electrónica y del Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos.

El plan, que ha sido elaborado con la colaboración de las asociaciones de consumidores, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), implica a seis consejerías coordinadas por la de Gobernación: Justicia y Administración Pública; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura y Pesca; Educación; Igualdad y Bienestar Social, y Medio Ambiente.

El documento se estructura en 12 objetivos, 32 líneas estratégicas y más de un centenar de acciones, buena parte de las cuales se apoyan en el impulso a la utilización de las nuevas tecnologías. Así, antes de final de año, la Junta implantará la hoja de reclamaciones electrónica, servicio que permitirá a los ciudadanos enviar sus quejas con agilidad y a los empresarios responder del mismo modo.

En el ámbito de las prestaciones de carácter administrativo, el plan establece la elaboración del denominado Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos de Andalucía, documento que unificará y sistematizará los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con la Administración autonómica.

Además, continuará el desarrollo de la Ley andaluza de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios con normativas específicas como el reglamento sobre los derechos y garantías a los usuarios de los servicios a domicilio.