Este servicio público está destinado a personas en situación de dependencia, con inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo, que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados dentro de un entorno residencial, con intervención sanitaria puntual.

La prestación del servicio comprende el aspecto residencial, con alojamiento y manutención y todos los servicios auxiliares necesarios, así como la atención a la dependencia para facilitar y potenciar la autonomía personal y prevenir situaciones de dependencia, intentando mantener o mejorar la capacidad funcional y mental mediante técnicas de rehabilitación. También se prevé la atención sanitaria que no puede prestarse en el domicilio.

La Consejería extremeña de Bienestar Social prestará este servicio público bien directamente o de forma indirecta. Los centros residenciales privados que presten el servicio público deberán contar con las autorizaciones y cumplir los requisitos exigidos en la normativa que resulte de aplicación.

El decreto recoge los criterios de adjudicación de plazas, listas de espera, condiciones y requisitos de ingresos, pérdida de la condición de residente y reserva de plazas y traslados.

También se fija la cuantía del precio público por la prestación del servicio en 987 euros mensuales, que se podrá reducir o no exigir en función de la renta per cápita de la unidad de convivencia del beneficiario.