La idea de la creación de esa figura se aprobó a principios de año por unanimidad en la cámara autónoma, y desde entonces, la Junta ha trabajado en este anteproyecto que ahora se someterá a la valoración de los grupos socialistas, mixto y CDS.

El Defensor del Pueblo de Castilla y León sería, según el anteproyecto, un castellano-leonés al que afectarían varias incompantibilidades: no podrá prtenecer a la carrera judicial, ni tendrá afiliación política, sindical o empresarial, y tampoco podrá ostentar ningún cargo político o administrativo.

Asimismo, su mandato se extenderá durante 5 años y tendría un adjunto que le ayudaría en sus funciones, que serían: "Proteger y defender los derechos de los ciudadano de Castilla y León, defender el estatuto de la comunidad autónoma y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico castellano-leonés", según explicó el consejero de Presidencia de laJunta, César Huidobro.

Concretamente, el Defensor del Pueblo sería un comisionado de las Cortes, con funciones de control sobre la Administración Pública regional, que deberá rendir cuentas al Parlamento de la Comunidad mediante la elaboración de un informe anual que ha de exponer oralmente ante la Cámara.

La propuesta de la persona para este cargo ha de partir de la mesa de las Cortes, y deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos del pleno.