Jambrina compareció hoy en las Cortes regionales, a solicitud del Partido Socialista, para responder a una pregunta sobre las actuaciones que tiene previsto realizar el Ejecutivo autonómico en relación a los expedientes relativos a infracciones urbanísticas afectadospor esa sentencia.

En su comparecencia, el consejero señaló que la sentencia que anula las licencias de construcción de viviendas compete única y exclusivamente al Ayuntamiento burgalés, que fue quien concedió las licencias en su momento.

En el análisis sobre la actual situación del Plan de Ordenación Urbana de Burgos, Jambrina señaló que incluso las infracciones del ordenamiento que afectan a edificios o terrenos propiedad de la Junta son competencia de la corporación municipal.

Jambrina cocluyó diciendo que no puede sancionarse ahora desde el punto de vista administrativo a aquellos a quienes ya se ha sancionado desde el punto de vista penal y con repercusiones civiles.

En el turno de réplica, el procurador socialista Octavio Granado afirmó que su grupo se ha propuesto el cumplimiento de la sentencia, con lo que se conseguiría que el precio de la vivienda en Burgos "vuelva al lugar que le corresponde, como si no se hubieran producido todas esas infracciones".

Granado acusó al consjero de estar sirviéndose del constructor condenado en la sentencia de aquel juicio, Antonio Miguel Méndez Pozo, como asesor, "igual que en su día se sirvió Jose María Aznar".

Los socialistas han denunciado también que el Ayuntamiento está intentando legalizar mediante nuevos planes de urbanismo construcciones y edificaciones que fueron sancionadas por los tribunales como ilegales.