El funcionario, cuya actuación fue denunciada meses atrás por un medio de comunicación regional, pretendió "maquillar" la factura como correspondiente a uno de los coches oficiales de la Junta, para que fuera la Administración la que corriera con los gastos de la reparación de su vehículo.

El citado trabajador, Martín Martí Luna, pretendía por este método ahorrarse las 300.000 pesetas que costaba la reparación, aunque sus intenciones fueron primero denunciadas por un periódico y luego sancionadas por la propia Junta.

Sin embargo, del expediente sancionador abierto por la Junta tras anular la orden de pago se desprende que la falta fue considerada como "leve" y, por tanto, sancionada con un simple "apercibimiento", tal y como confirmó el propio consejero en su comparecencia.

Huidobro defendió la "correctísima actuacón en este caso" de la Administración autonómica y aseguró que los métodos de exigencia de responsabilidades funcionaron "a la perfección".

Mientras el consejero aseguró que se trata de una "irregularidad administrativa", todos los grupos de la oposición (PSOE, CDS y Mixto) afirmaron que el caso puede ser constitutivo de un delito penal, como "estafa en grado de frustración", por lo que solicitaron la revisión del expediente sancionador.

La oposición manifestó, asimismo, sus dudas sobre el hecho e que se trate de un caso aislado, como aseguró el consejero, y apuntaron la posibilidad de que estemos ante "la punta del iceberg".