Estas son dos de las novedades que se recogen en el anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, cuyo inicio de tramitación ha sido hoy acordado por el Consejo de Gobierno andaluz, de las que informó en una nota.

El texto, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con el consenso de los distintos agentes socioeconómicos y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), configura el marco normativo para hacer posible en Andalucía el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados por la Unión Europea en su Directiva de Aguas, así como para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos de abastecimiento, potabilización y depuración.