"Hemos pedido la ejecución de las sentencias y es el juez el que tiene que decidir el momento y el procedimiento", dijo hoy Zarrías en una rueda de prensa en el Senado.

Recordó el consejero andaluz que la primera denuncia interpuesta por la Junta contra presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Ayuntamiento de Marbella fue en 1991 y que desde ese momento han sido más de 400 las impugnaciones de licencia por actuaciones "que consideramos contrarias al planeamiento vigente de 1986".

También que han sido más de 118 las peticiones al fiscal para que interviniera "porque temíamos", subrayó, "que esas actuaciones eran presuntamente constitutivas de delito".

"Es decir, hemos puesto en marcha todos los mecanismos previstos con la leyes en la mano para evitar que se produjeran actuaciones contrarias al planeamiento y a la ley", enfatizó.

Zarrías celebró el cambio de doctrina judicial producido desde la interposición de la primera denuncia, hace quince años, hasta 2003, año en el que empiezan a fallarse sentencias que "nos dan la razón" frente al Consistorio marbellí.

Por otro lado, dijo que "habrá que buscar fórmulas compensatorias" para los propietarios de inmuebles ilegales, "donde viven personas de buena fe que han sido estafadas por unos señores que han utilizado la ilegalidad como instrumento permanente de actuación".