Hermosín hizo esta petición en rueda de prensa que ofreció poco antes de entrevistarse con el ministro de Administracuiones Públicas, Jesús Posada, a quien tmbién transmitió esta demanda.

La consejera afirmó que "hay que liquidar la transferencia del 97, y que el propio decreto de transferencias obliga a que se cree una comisión liquidadora, y ahí se ve si el dinero que iba acompañando a la transferencia sobra o falta".

En su opinión, la tranferencia de Justicia necesita una ampliación de medios económicos, entre otras razones porque "ha habido nuevos órganos que hemos tenido que asumir en solitario las comunidades autónomas; se han creado casi 50 óranos nuevos durante estos tres años escasos".

Además, Hermosín señaló que la entrada en vigor en enero del año que viene de las leyes de Responsabilidad Penal del Menor y la de Enjuiciamiento Civil supondrán un gran coste económico a las comunidades autónomas, porque "habrá que crear toda una serie de estructuras necesarias para que esas leyes puedan entrar en vigor y se puedan cumplir".

Según indicó Hermosín, la Administración de Justicia en Andalucía es la mayor planta de nuestro país, con mayo número de órganos, jueces magistrados y funcionarios, por lo que, en su opinión, la partidas presupuestarias en inversiones transferidas a la Administración de Justicia en Andalucía son "insuficientes".

La consejera andaluza avanzó que en su reunión con Posada iba a tratar el futuro del Estatuto Básico de los funcionarios públicos, una ley que ya presentó al Congreso en la anterior legislatura sin llegar a ser aprobada y que "condiciona el que Andalucía pueda tener su propia ley de función pública." En Andalucía está vigente una ley de función pública del año 85 que ha tenido diversas modificaciones y que, en opinión de Hermosín, "habría que adaptarla al momento actual".