Ese acuerdo para el desarrollo territorial del área de Doñana incluye medidas como que los agricultores de la Corona Norte sin derechos de agua para regar podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea durante 10 años si abandonan sus cultivos y renaturalizan o reforestan sus tierras.

Las iniciativas que se pongan en marcha afectan a los municipios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva), y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

El protocolo también contempla articular la participación y el diálogo permanente entre los representantes de ambas administraciones, pero también los ayuntamientos, agentes sociales y medioambientales del territorio representados en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para informar del desarrollo y del resultado de las actuaciones realizadas.

El Gobierno andaluz creará un comisionado para llevar a cabo las tareas de seguimiento de las actuaciones que se vayan a implantar y las necesarias para hacer posible el diálogo al que ambos Gobiernos se han comprometido.