Cervera, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, afirmó que la Administración autonómica "no dejará de batallar" y anunció que "quizá dentro de un año habrá sentencia" en el juicio que la Junta emprendió contra Boliden.

En este sentido, consideró que las empresas que inician litigios contra el Gobierno andaluz están gastando "una fortuna en abogados" y predijo que, en este caso, "no sólo se van gastar el dinero de los abogados, sino que, además, tendrán que devolver la suma que deben a la Junta, porque, también tenemos buenos abogados y llevamos la razón".

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, indicó que la Administración autonómica seguirá con "atención" el juicio que a partir de hoy comienza en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid donde Boliden Apirsa culpa a las empresas constructoras de la rotura de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998 y dijo que la Junta "no ha perdido la esperanza" en cobrar los 90 millones que reclama a la empresa.

Boliden Apirsa demandó a Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, por considerarlas culpables del accidente de 1998 y para que hagan frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza.

De esta manera, ha reclamado 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones de euros para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado de la empresa minera.

Para la consejera, este juicio es "muy importante" y por ello, aunque la Junta no esté directamente implicada, dijo que estará "muy atentos" a ver cómo se resuelve.

En cuanto al embargo anunciado por la Consejería de los bienes que la empresa sueco-canadiense tiene en Suecia y Holanda por no depositar el aval de 90 millones, la consejera remitió el trámite a la Consejería de Economía y Hacienda.

La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.

Cuanto se celebró en el mes de octubre pasado la audiencia previa al citado juicio, Boliden aseguró que si perdía este pleito no podría indemnizar a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) por los gastos de limpieza del vertido que provocó la rotura de la balsa minera en 1998.

En esa audiencia previa, las empresas demandadas por Boliden Apirsa no aceptaron las causas del siniestro que se establecieron en el juicio penal que se celebró en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y rechazaron indemnizar a la Junta y a la CHG porque consideran que ambas instituciones han impuesto una sanción que debe pagar Boliden.