Las zonas vulnerables señaladas, un total de 22, son las siguientes: Ayamonte-Lepe-Cartaya (Huelva); Valle del Guadalquivir (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla); Valle del Guadalete y Vejer-Barbate (Cádiz); Vega de Antequera (Córdoba, Málaga y Sevilla); Cuenca del Embalse de Guadalteba, Bajo Guadalhorce, Río Fuengirola y Aluvial del Río Vélez (Málaga), y Vega de Granada, Litoral de Granada y Sierra Gorda-Zafarraya (Granada).

Así mismo, Campo de Dalías-Albufera de Adra, Bajo Andarax, Campo de Níjar, Rambla de Mojácar, Valle del Almanzora y Cubeta de Ballabona y Río Antas (Almería); Cuenca del Embalse de La Colada (Córdoba); Guadalquivir-curso alto (Jaén); Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (Sevilla), y Guadiaro-Genal-Hozgarganta (Cádiz, Málaga).

Estas zonas vulnerables son definidas en el decreto como aquellas superficies cuyas escorrentías o filtraciones con aportaciones de nitratos de origen orgánico pueden afectar a las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas.

Para su designación se han tenido en cuenta los informes de los distintos organismos hidrológicos andaluces sobre las masas de agua con riesgos de este tipo de contaminación. Desde el punto de vista técnico, la delimitación se ha realizado empleando el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), basado en polígonos y mucho más preciso que el de términos municipales previsto en el decreto de 1998.

En cuanto a las medidas de protección ambiental que deben desarrollarse en las zonas vulnerables, la principal novedad es la incorporación de acciones de formación, divulgación e investigación con el fin de promover la generalización de prácticas sostenibles en la gestión del agua y de los recursos naturales.

En este sentido, entre otras previsiones, el texto atribuye a la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca el cometido de poner a disposición de agricultores y regantes herramientas informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos.

Estas nuevas medidas se suman a los programas de muestreo, ya establecidos en el anterior decreto, para conocer la calidad de las aguas continentales que guardan relación con las zonas vulnerables.