Los accionistas, que se reunieron en un hotel por celebrarse elecciones sindicales en la sede de la fábrica, nombraron también a sus represetantes legales en el proceso de suspensión de pagos.

La aprobación de la suspensión de pagos está en contra de la opinión de los sindicatos representados en la factoría, que entienden que las deudas de Intelhorce no son ni con proveedores ni sus empleados, sino con organismos del Estado.

Intelhorce, que en la actualidad emplea a 750 trabajadores, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia, ya que en en futuro próximo la fábrica textil podría dejar de ser tutelada por la Direccón General de Patrimonio del Estado para ser vendida a una empresa privada.

Aún así, la factoría podría verse inmersa en un nuevo proceso de regulación de empleo, dos años después del último en el que la factoría perdió al cincuenta por ciento de su plantilla.

El presidente del consejo de administración de Intelhorce, Domingo Sierra, a su vez presidente de Improasa (empresa pública perteneciente a Patrimonio del Estado), dijo a la salida de la reunión de la junta de accionistas que este órgano dela empresa estudia el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en una posible privatización.

Sierra cree que el principal problema de Intelhorce no es "el número de trabajadores", sino que es una fábrica "sobredimensionada" y "no competitiva".

No obstante, aseguró que "lo que está claro es que el Estado no puede seguir siendo accionista de General Textil", ni como socio "mayoritario ni minoritario", ya que, a su juicio, "el Estado no está para fabricar toallas", cosa que "hace muy bien la emresa privada".

Mientras que el Juzgado número 13 de Málaga estudia la suspensión de pagos de Intelhorce, la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias para esclarecer la responsabilidad en la gestión de los últimos dueños privados de la fábrica, los hermanos italianos Giovanni y Paolo Orefici.

Tanto CCOO, como UGT, han presentado sendas querellas criminales contra los hermanos Orefici, a los que acusan de haber financiado otras empresas del capital destinado a Intelhorce por el Esado en concepto de subvención, así como contra Patrimonio del Estado por su presunta responsabilidad en aquel proceso de privatización, efectuado, según las centrales sindicales, sin las garantías mínimas.