Los tres dirigentes políticos alegan que el Tribunal Supremo se está extralimitando claramente de sus funciones, erigiéndose en “legislador”, y que se les están negando derechos fundamentales, como el derecho a ser elegidos democráticamente

Las defensas de Junqueras, Bassa y Romeva han presentado recurso al Tribunal Constitucional pidiendo amparo por la no la aplicación de la ley de amnistía a la condena por malversación que el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy, así como pidiendo el levantamiento cautelar de la inhabilitación para desempeñar un cargo público que los tres todavía cumplen.

Los abogados en sus escritos son muy críticos con la actuación del Supremo, ya que consideran que se “aparta del principio de legalidad” y que lo hace con “gravísimas consecuencias” sobre los derechos de los tres políticos, a los que mantiene inalterada la ejecución de penas que deberían declararse extinguidas y posibilitar su plena rehabilitación política.

Así, consideran que sólo el legislador democrático tiene legitimidad para dictar la ley y sólo respeta la separación de poderes un poder judicial que se limite a aplicarla, puesto que no corresponde a los jueces dar sentido a la norma.

Afirman que interpretar la ley de amnistía como lo ha hecho el Tribunal Supremo en las dos resoluciones dictadas, supone desoir el mandato que se encuentra insertado en el propio texto de la ley. Y que esa “interpretación” de la malversación traspasa claramente los límites de la función judicial para adentrarse peligrosamente en el terreno de la función legislativa.

En este sentido, recuerdan el voto particular de una de la magistrada Ana Ferrer que ahonda en la ide de que ni la literalidad de la ley, ni la voluntad del legislador, ni los precedentes históricos, ni los recientes, conducen a la interpretación que ofrece el parecer mayoritario del Tribunal Supremo. Y añade que "nunca una interpretación de la ley puede llevar a su derogación", como ha ocurrido en este caso.

Por eso, las defensas, y para que el daño a los tres afectados “no sea irreparable”, piden medidas cautelares por el levantamiento de la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público. El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, denuncia que el Tribunal Supremo tiene la voluntad de “mantener la pena de inhabilitación absoluta a toda costa” puesto que la condena del exvicepresidente y el exconseller se ha utilizado por descabezar el movimiento independentista y denuncia que está vulnerando derechos básicos como el de representación y participación política.

En cuanto a la defensa de Bassa, encabezada por Mariano Bergés, también recalca que la "forzada interpretación que hace el Tribunal Supremo" por la "inaplicación" de la ley de amnistía impide a la exconsejera ejercer sus derechos de participación política ya unas elecciones libres, y también señala los efectos devastadores que la inhabilitación tiene sobre ella, puesto que le impide poder trabajar con las administraciones públicas.