Segura formuló estas propuestas en el XIX Seminario Interamricano e Ibérico de Presupuesto Público, que se celebrará en Madrid entre el lunes y el jueves de esta semana.

A su juicio, el derecho constitucional a la enseñanza no implica la obligación del Estado de subvencionar escuelas privadas, de la misma manera que el derecho constitucional a la vivienda no supone el acceso gratuito a un piso en el Paseo de La Castellana (una zona céntrica de Madrid).

Segura dijo que, detrás del fuerte incremento del gasto sanitario de los últimos años, están los "interses oligopolísticos" de médicos, farmacéuticos y fabricantes de equipamientos médicos.

En su opinión, la Administración tiene que exigir precios más competitivos en los medicamentos, ya que el incremento del gasto farmacéutico no guarda proporción con la mejora de la salud de los españoles. Si la hubiese, añadió, "viviríamos cien años".

QUIEBRA DE LAS PENSIONES

Segura también se mostró convencido de que será necesario cambiar el sistema público de pensiones. Adujo que los estudios realizados deuestran que, de mantenerse una situación semejante a la actual, todos los sistemas de pensiones europeos, salvo el irlandés, quebrarán en un plazo de veinte años.

La solución no debería consistir, a su juicio, en adelantar la edad de jubilación, sino en aplicar sistemas mixtos que permitirán a mantenerse en parte como trabajador activo cotizante del sistema y en parte como perceptor de pensión.

Segura también defendió la reforma del seguro de paro realizada por el Gobierno, elevando a un año el tempo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva. En su opinión, era financieramente insostenible pagar tres meses de seguro de paro por cada seis de empleo.

Sin embargo, opinó que el Estado debe asegurar un nivel mínimo de bienestar a todos los ciudadanos, de manera que puedan eludir la indigencia, aunque sin ver reducido su estímulo a buscar empleo.

Finalmente, señaló que un país como España debe preservar un amplio margen de gasto público para tres partidas que consideó fundamentales para fomentar la competitividad de la economía: la formación, la innovación tecnológica y las infraestructuras.

Explicó que, cuando un empresario extranjero quiere instalarse en España, lo primero que pregunta es por los transportes y la cualificación de la mano de obra, y sólo en tercer lugar por la tradición de conflictividad laboral.