Segura formuló esta propuesta en una conferencia sobre "El reto de la empresa pública industrial", que pronunció esta mañana en un seminario organizado por el Instituto Nacional de Industria (INI).

Para Segura, la situación actual, en la que una empresa pública es considerada "inquebrable" tiene efectos "muy perniciosos", ya que puede dar lugar a una acumulación indefinida de pérdidas que, en última instancia, paga el contribuyente.

A su juicio, "la posibilidad efectiv de quiebra disciplinaría a todos los agentes implicados en el funcionamiento de la empresa pública".

"A los bancos les obligaría a ser financiadores más estrictos; a los sindicatos les incentivaría a tener comportamientos más realistas, implicándose en mayor medida en la marcha de la empresa; a los gestores les impediría las huídas hacia adelante; al accionista le forzaría a ser más sensible hacia el rendimiento del capital invertido", explicó.

De esta manera, se podría fin a la situación presene, en la que "cuando una empresa pública está dentro de las condiciones prescritas por la ley para la quiebra, se inicia un complejo y claro proceso que conduce a que la empresa siga acumulando pérdidas, de las que al final tiene siempre que hacerse cargo el presupuesto".

Segura indicó que, en el momento presente, los sindicatos son insensibles a los malos resultados de las empresas pública, porque no se traduce en una pérdida de empleo, e incluso están dispuestos a "negociar entre tanto convenios queno se atreverían a exigir en una empresa privada".

BENEFICIOS

El profesor Segura advirtió, no obstante, que la empresa pública no debe proponerse la maximización del beneficios. En su opinión, "es bueno tener sensibilidad respecto al beneficio, pero tan importante como eso es tenerla respecto a los costes".

Por otra parte, se mostró a favor de otorgar subvenciones sólo a las empresas públicas cuyas actividades no se orienten hacia el mercado y consideró "más que discutible" el mantenimiento de mpresas cuya rentabilidad es imposible, entre las que citó expresamente a Hunosa.

Negó, sin embargo, que la empresa pública tenga un tratamiento privilegiado en España respecto a la privada. Aseguró que la evidencia "demuestra más bien lo contrario" y adujo como ejemplo el caso de la banca pública, cuya actividad ha estado mucho más reglamentada por la Administración que la de la privada.

Además, apuntó la existencia de obstáculos a la actuación de las empresas públicas como la exigencia de autorzaciones previas para determinadas operaciones y la falta de autonomía para las operaciones de desinversión.

El resultado es, en su opinión, que "las empresas públicas tienen que cumplir con una doble legislación: la de la ley civil y mercantil ordinaria, que afecta a todas llas empresas, y las regulaciones adicionales que sólo les afectan a ellas".