Segura afirmó que la ley no establececon claridad la responsabilidad de quienes incumplan los servicios mínimos o participen en un paro ilegal, además de no diferenciar "entre piquetes informativos y no informativos".

A su juicio, el sistema sancionador pactado entre el Grupo Socialista y los sindicatos UGT y CCOO no tiene en cuenta que la experiencia de los últimos años demuestra que, "si no se cumplen los servicios mínimos, no pasa nada".

Segura recalcó, asimismo, que la participación en huelgas ilegales debería llevar aparejado agún tipo de sanción, aunque no se pronunció sobre si tendría que llegar al despido del infractor.

Por otra parte, Segura mostró su apoyo a la decisión del Gobierno de prorrogar hasta cuatro años la duración de los contratos temporales que venzan a lo largo de 1993.

Recordó que él recomendó, en el informe de encargado por el Ministerio de Trabajo a un grupo de expertos, su reducción a dos años, pero consideró "bastante sensata" la medida del Gobierno, dada la situación del paro.

En caso contrrio, opinó, correrían serio peligro los más de 300.000 puestos de trabajo con este tipo de contratos y que cumplen los tres años de duración.