Michavila hizo estas manifestaciones tras la ratificación del Protocolo General para la Implantación de los Juicios Rápidos, que tuvo lugar hoy en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Hoy jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, todas las comunidades autónomas, han decidido impulsar una ley que aprobaron todos los diputados y senadores", dijo Michavila, quien recrdó que "ni siquiera por omisión o por error alguien votó en contra de los juicios rápidos".

Recordó que el Gobierno destinará 98 millones de euros a la aplicación de los juicios rápidos, a fin de "hacer posible que la justicia penal ponga sentencias en 72 horas, cuando se trata de faltas, en 15 días cuando se trata de delitos".

Tras manifestar su satisfacción por la ratificación, Michavila aseguró que la misma ha supuesto "una reunión sin precedentes y esperanzadora de una justicia más ágil y má moderna".

A la reunión para la ratificación del protocolo, convocada por el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, tambien asistieron el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, así como los consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra y Madrid.

También estuvieron presentes los presidentes de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores, Carlos Carnicer y Juan Carlos Estévez, respetivamente.

COMPROMISO

Tras el acto de ratificación del protocolo de juicios rápidos, los asistentes hicieron una declaración institucional en la que se comprometen a "realizar cuantos esfuerzos sean necesarios en orden a la consecución de la más plena eficacia del funcionamiento de este nuevo instrumento normativo".

Asimismo, se muestran "conscientes de la importante novedad" que suponen los juicios rápidos en la justicia penal española. "Necesariamente se traducirá en un acortamiento de los plzos de respuesta, una agilización en el funcionamiento de este orden de la jurisdicción y asimismo una mejor prestación de servicios a los ciudadanos", añaden.

Asimismo, señalan que el "éxito" de la puesta en marcha de esta reforma legislativa "exige la plena implicación de todas las instituciones y profesionales del mundo de la Justicia y la necesidad de articular un eficaz sistema de coordinación entre todos".