El portavoz de CSI-CSIF, Carlos García, señaló a Servimedia que su central valora positivamente la creación de estos juicios rápidos en la lucha contra la delincuencia, pero criticó durmente al Gobierno por no tener en cuenta el irrefrenable aumento de reclusos.

El Gobierno "ha olvidado o ha dejado cojo el último eslabón en sus medidas contra la delincuencia, que es el actual sistema penitenciario que en estos momentos está masificado", dijo.

Según García, la construcción de las nuevas prisiones están en situación de bloqueo y denunció que el número de funcionarios para atender al aumento de la población reclusa no se va a incrementar.

Respecto al endurecimiento de la prisón preventiva, García puso como ejemplo que en el caso concreto de Madrid 11.000 personas están en libertad pendientes de juicio, que "de cumplirse estrictamente las intenciones del Gobierno tendrían que estar ingresadas en centros penitenciarios".

Según datos de CSI-CSIF, a fecha de 18 de abril la población reclusa en nuestro país era de 53.710 internos, cuando el pasado 7 de febrero era de 52.682 reclusos.