En un comunicado, CCOO informó de que sus delegados y los de UGT han convocado asambleas para hoy, de donde puede salir la decisión de "realizar concentraciones de protesta exigiendo la dotación adecuada, económca y humana, para la realización con rigor de los juicios rápidos".

La nota de prensa afirma que estos dos sindicatos son "firmes partidarios" de mejorar el servicio público de la Justicia, pero que rechazan que la reforma se haga sin negociar con los representantes de los trabajadores.

En este sentido, estas organizaciones sindicales entienden que la aplicación de los juicios rápidos sin más medios va a suponer que las condiciones laborales de los empleados de la Administración de Justicia "se vn a detiorar al aumentar de forma exponencial el volumen de trabajo, sin llevarse a cabo las mejoras retributivas suficientes ni el descanso necesario".

RIESGO DE IMPUNIDAD

A este respecto, CCOO sostiene que los trabajadores de los juzgados deberán realizar en muchos casos jornadas superiores a las 52 horas semanales, lo que entienden que es un "incumplimiento por la Administración de las normas laborales básicas en esta materia".

Al mismo tiempo, mediante otro comunicado, UGT de Madrid sostuvohoy que la entrada en vigor de los juicios rápidos "va irremediablemente destinada al fracaso si no se dota a los juzgados madrileños de los suficientes medios materiales y personales", al tiempo que dijo que supondrá un "alarmante déficit de las garantías procesales".

Por este motivo, este sindicato entiende que la carencia de efectivos personales y de infraestructuras va a hacer que los juicios rápidos provoquen que los tribunales se centren en juzgar la delincuencia más cotidiana, en perjuicio de mterias como los homicidios o los grandes delitos económicos.

Esto, según UGT-Madrid, supondrá la discriminación de unos ciudadanos frente a otros, y pone en duda la constitucionalidad de la Ley de los Juicios Rápidos, ya que no garantiza una actuación igualitaria de la Justicia.

Por último, este sindicato expresa su inquietud ante el "ataque a la libertad de expresión" que considera se está produciendo con las críticas que ha recibido el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, por cuestonar la normativa sobre juicios rápidos.