Company, que durante un tiempo sustituyó a su marido en la administración de BFP y ocupó cargos en la gestión de otras sociedades domiciliadas en el mismo edificio, aseguró que ni ella ni Salvador Forcdell, que falleció en 1993, tenían conocimiento de la falsedad de los pagarés hasta que no se hizo público el asunto.

La acusada dijo que "en el 92 recibí una carta de reclamación, y entonces fue cuando mi esposo, junto con su abogado, hizo las gestiones".

Después de Carme Company prestó declaración otro de los acusados, Francesc Esteve Corbella, propietario de la sociedad Anisa, que recurrió los pagarés. En su intervención ante el tribunal afirmó que la idea de colocar los pagarés fue del consejro delegado de BFP, Joan Basols. "Los confeccionaba BFP y me los mandaban a mí. La última firma que faltaba era la mía", dijo durante la vista.

El fiscal pide para Carme Company 10 años de cárcel por un delito de falsedad de documento y estafa, mientras que para Esteve solicita 8 años. El juicio continuará mañana con la declaración del resto de acusados.