El fiscal solicita para Juan Guerra la absolución, mientras que la acusación particular, representada por la coalición Izquierda Unida y el Partido Andalucista, le acusa de un delito de malversación de fondos públicos y pide nueve años de prisión.

Guerra ocupó durante seis años, entre 183 y 1989, tres despachos diferentes en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la plaza de España de Sevilla, que estaban habilitados para su hermano, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Según el informe de los peritos, la Administración gastó más de un millón de pesetas en teléfono, electricidad y limpieza en los despachos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eximió de responsabilidad por estos hechos a los tres ex delegados del Gobierno en Andalucía. Elauto recoge que en el uso del despacho Juan Guerra excedió los términos de la autorización que tenía para acceder a ellos.

Al juicio están llamados a declarar 40 testigos, entre ellos Alfonso Guerra, que podrá testificar por escrito a cuantas preguntas formulen las partes.