Sólo uno de los jóvenes procesados reconoce su particpación de los hechos. Los abogados defensores de los 16 restantes piden la libre absolución. La fiscalía solicita penas que suman más de 80 años de cárcel, y el abogado de la acusación particular eleva esa petición a más de 300 años de prisión.

Los hechos juzgados hoy ocurrieron el 20 de agosto de 1993, el "Día Grande" de las fiestas de Bilbao, cuando Ander Susaeta fue agredido por un grupo de jóvenes que le reconocieron y persiguieron cuando paseaba vestido de paisano, y libre de servicio, por el recnto festivo.

La brutal paliza fue grabada en video por las cámaras instaladas en la zona por la Policía Autónoma Vasca, ante la previsión de posibles incidentes por la convocatoria realizada por grupos abertzales radicales con motivo de la llamada "guerra de las banderas".

Las imágenes permitieron a la Ertzaintza detener y poner a disposición judicial a los 17 jóvenes que desde hoy se sientan en el banquillo de los acusados, y se han convertido en una de las principales pruebas de cargo contra elos. Ante el tribunal están citados a declarar más de 100 testigos presenciales de los hechos.

La jornada matinal del juicio estuvo íntegramente dedicada a resolver distintas cuestiones previas planteadas por cada una de las dos partes personadas. El juicio está previsto que dure dos semanas.

Los abogados Kepa Landa y Arantxa Zulueta, que defienden a 14 de los 17 procesados, argumentaron a la hora de solicitar la nulidad de la prueba que esas grabaciones se realizaron sin permiso judicial, "con obetivos de control político", y que por tanto vulneran "el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos" que paseaban ese día por El Arenal bilbaíno, así como el derecho a la igualdad.

Los letrados apoyaron sus argumentos afirmando que no habían visto las grabaciones originales realizadas por la Ertzaintza, y que el Departamento de Interior había realizado con esas imágenes "el montaje que le ha dado la gana".

VALIDEZ PRUEBA

Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, María Jesús Montes, defendió la validez de la prueba, argumentando que el derecho a la intimidad cede cuando se abandona el domicilio y se sale a la vía pública, y añadió que las cámaras habían sido colocadas por la Ertzaintza para grabar lo que se podrían considerar "incidentes anunciados", ya que todos los años en la misma fecha y lugar se producen disturbios similares.

El abogado de la acusación particular, Félix Rojo, apoyó su argumentación, favorable a la admisión del video en las setencias del Tribunal Supremo que avalan la captación de imágenes cuando se presume que se está cometiendo un hecho delictivo.

El comienzo de la vista oral sólo registro un incidente, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, ordenó desalojar de la sala a las personas que acogieron con gritos de ánimo y aplausos la entrada de los 17 procesados.

En el exterior de la audiencia, una treintena de personas, entre ellos algunos miembros de la Mesa Nacional de HB, se concentraron on pancartas en las que podían leerse lemas como: "No al control policial y social", y "Dónde está la presunción de inocencia".

Hasta el Palacio de Justicia se acercaron también representantes de la plataforma Hemen Gaude (Aquí estamos) de la Ertzaintza, como demostración de solidaridad hacia el agente agredido y para denunciar la campaña de acoso contra la Policía Autónoma lanzada por el entorno radical.