Según consta en el auto, esos tres días se plantearán las cuestiones previas al juicio, con las que las defensas podrán alegar las presuntas irregularidades que, a su juicio, se han podido producir a lo largo del proceso.

En el auto, de 12 páginas, los magistrados rechazan varias pruebas solicitadas por las defensas, pero acceden a tomar declaración como testigos de algunas personas que no se encuentran acusadas en esta causa, pero que sí aparecen como imputadas en la pieza que se desglosó en su día, como el presidente del Gobierno de Italia, Silvio Berlusconi, y su colaborador Marcelo dell'Utri, aunque con una salvedad.

Así, la Audiencia Nacional señala que "se estima procedente su admisión como testigos, pero haciendo expresa mención que se respetarán los derechos que implica su posición de imputados en esa pieza, y, por tanto, no estarán obligados a declarar sobre aquellas cuestiones que les puedan perjudicar".

Los magistrados señalan que hay que respetar "el derecho de las partes a oir a estas personas, y al mismo tiempo los derechos de estas personas, no acusadas en este juicio, pero sí imputadas por los mismos hechos".

En cuanto a Berlusconi, recuerdan que la causa contra él se encuentra suspendida por orden del Tribunal Constitucional, que el 13 de octubre de 2003 estableció que mientras ocupase su cargo de presidente del Consejo de Ministros de Italia no podía seguirse el procedimiento contra él.

Los magistrados añaden que, "como se trata de una suspensión, que no de un archivo, también en su caso deberán respetarse los derechos que exige esa situación procesal y además las disposiciones internacionales en atención a su cargo". Destacan también que en el mismo caso que Berlusconi se encuentra Marcelo dell'Utri.

COMISIÓN ROGATORIA

La citación de estas personas se realizará mediante comisión rogatoria, pero antes, las defensas que han propuesto esta testifical deberán presentar, en un plazo de 10 días, "la indicación de su conexión con los hechos".

En el banquillo de los acusados se sentarán Miguel Durán, ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, así como siete ex accionistas de la citada cadena televisiva: el empresario Javier de la Rosa, Rafael Alvarez-buiza, Angel medrano, Alfredo Messina, Juan Carlos López-Cid Fuentes y Giovanni Acampora.

La Fiscalía Anticorrupción, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, solicita 14 años de cárcel para Durán, 10 para Santiago Muñoz, 4 para De la Rosa, 8 para Rafael Álvarez-Buiza y otros tantos para Angel Medrano, 2 tanto para Alfredo Messina como para Juan Carlos López-Cid Fuentes, y uno para Giovanni Acampora. Además, pide multas que oscilan entre los 103 millones de euros y los 1.000 euros.

En este caso se investigan delitos contra la Hacienda Pública, otorgamiento de contrato simulado, administración desleal y falsedad.