El tribunal, compuesto por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, y los magistrados Fernando Cotta y Joaquín Delgado, deberá resolver en primer lugar las solicitudes de nulida de actuaciones presentadas por las defensas de los acusados, para los que el fiscal pide 3 meses de arresto para cada uno, que sostienen que las escuchas fueron ilegales.

La Brigada de Estupefacientes de Valencia envió al alto tribunal una copia de las cintas originales, que no se conservan porque fueron utilizadas para grabar otras intervenciones telefónicas.

Por ese motivo, los peritos deberán cotejar las voces que aparecen en los soportes con la de los procesados, que se han negado a reconoce como suyas las que se escuchan en las cintas.

Los "pinchazos" fueron efectuados a principios de 1990, cuando el juez Luis Manglano autorizó la intervención telefónica de la vivienda de los hermanos Palop, ya que la policía investigaba a Rafael por su presunta implicación en una red de traficantes de cocaína.

Las escuchas permitieron conocer diversas conversaciones entre Salvador Palop, por entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, el tesorero del partido y varios empresarios inmobliarios sobre las comisiones a percibir a cambio de determinados favores en ayuntamientos e instituciones gobernadas por el PP.

Al aparecer implicado Angel Sanchís, persona aforada por su condición de parlamentario, el juez Manglano tuvo que remitir la causa al Tribunal Supremo, que además de a los tres políticos procesa al empresario José Balaguer.

Las acusaciones particulares, representadas por Unitat del Poble Valenciá e IU, quisieron implicar al actual presidente de la Xunta de Galicia, Manue Fraga, y al presidente del partido, José María Aznar, por estimar que estaban al tanto de estas operaciones irregulares.

La sala rechazó ese supuesto, pero ambos fueron propuestos como testigos y podrán ser requeridos en caso de que el tribunal lo considere oportuno.

Fraga se ha acogido a la prerrogativa que le permite contestar por escrito a las preguntas de las partes, mientras que Aznar se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a testificar directamente en el juicio oral.

CONSPIRACIONPARA EL COHECHO

Según el escrito de calificaciones del fiscal, Naseiro y Sanchís convencieron a Palop, que disponía de información privilegiada como presidente de la Comisión Municipal de Compras, para que, como método de financiación del partido, solicitara a los empresarios con los que mantenía contactos, determinadas cantidades de dinero a cambio de la adjudicación de obras y otros servicios en municipios gobernados por la coalición.

Así, Palop facilitó una entrevista al delegado de Dragados yConstrucciones en Valencia, Luis Janini, con María Isabel Díaz de Lastra, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, para tratar la posible contratación de los servicios de recogida de basuras; entre José Balaguer, presidente de Etra, y concejales del Ayuntamiento de Madrid para la concesión de obras de alumbrado público, además de reunirse con el arquitecto Javier Domínguez Rodrigo, que llevó a cabo el Plan de Ordenación Urbana de Cullera.

Los contactos no fueron fructíferos, ya que las licencia resultaron adjudicadas a otras empresas, pero Angel Sanchís convenció a Palop para que se quedara con una comisión de 200.000 pesetas de la concesión de obras de unos aparcamientos valencianos a la empresa Promoción de Infraestructura, que fue percibida en Madrid por el diputado.

El fiscal considera que los procesados conspiraron para cometer el delito, aunque sin éxito, por lo que pide una pena de tres meses de arresto, sendas multas de 500.000 pesetas y una multa conjunta de 30 millones.

IU soicita por los mismos hechos cuatro años y seis meses de cárcel para Sanchís, cinco años para Palop, tres para Naseiro y seis meses de arresto para Balaguer, además de diversas multas e inhabilitaciones.

Por su parte, UPV exige cuatro años de cárcel y cuatro millones de multa para cada uno de los tres políticos, cuatro meses y la misma multa para el empresario y cuatro años de inhabilitación para Sanchís y Palop.