Según informaron fuentes jurídicas, el retraso se debió a que había problemas para trasladar a varios procesados que se encuentran en prisión provisional a la Audiencia Nacional.

Además, dos de los procesados que se encuentran en libertad no se han personado en el juicio. Uno de ellos, Asier Tapia, se enfrenta a la mayor pena solicitada por el fiscal encargado del caso, Enrique Molina: 111 años y 10 meses de cárcel por integración en organización terrorista, además de por 17 delitos de daños y tres de incendio.

El fiscal Molina pide que Asier Tapia responda de los daños causados como consecuencia del llamamiento a los actos que realizó el día 6 de marzo de 2001.

Ese día, tras la detención de 15 miembros de Haika, Asier Tapia ofreció una rueda de prensa en la que anunció que los jóvenes vascos iban a salir a la calle "a responder a los responsables y colaboradores de este ataque contra Euskal Herria". El llamamiento fue seguido de múltiples actos de violencia callejera en distintos lugares del País Vasco.

La mayoría de los procesados se personaron en la sala de la Audiencia Nacional vistiendo una camiseta roja, en la que se podía leer, en euskera, "En defensa de los derechos civiles y políticos. Arriba la juventud".