La decisión se adoptó después de que el PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular en esta causa, hayan presentado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de nuevas figuras penales.

Por ello, ambas acusaciones han pedido tiempo para estudiar la nueva documentación y han solicitado formalmente la suspensión de la declaración tanto de González Amador como de otros cuatro empresarios también imputados que estaban previstas para hoy.

La petición se ha formulado a la vista del informe de la Inspección de la Agencia Tributaria que obra en el procedimiento, al que las partes no tuvieron acceso hasta el pasado 12 de junio y que consta de unos 1.500 archivos. El PSOE defendió que no ha sido posible hacer un análisis de esos documentos, que podrían significar la atribución de nuevos delitos.

En ese sentido, Más Madrid considera que hay indicios de más delitos que podrían ampliar a cinco la acusación actual con la extensión del delito fiscal y un delito contable. La causa estudia supuestos delitos en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, y otro delito de falsedad en documento mercantil por la presentación de facturas que no corresponden a servicios realmente prestados.

El auto de apertura de diligencias estima que González Amador habría dejado de “ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el Impuesto de Sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.