Los hechos ocurrieron en febrero de 2004, cuando un comandante de la compañía denegó el embarque a los tres jóvenes con discapacidad que querían volar de Melilla a Madrid.

En un encuentro con la prensa, la portavoz del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y vicepresidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concepción Díaz, aseguró hoy que "estamos hablando de derechos fundamentales, así que la jueza lo debe tener muy claro, puesto que va a dictar sentencia sin haber escuchado a las partes".

Díez recordó que "este juicio marcará un precedente y determinará si es lícito impedir la movilidad de un ciudadano simplemente por tener una discapacidad".

Por su parte, el asesor jurídico del Cermi, Óscar Moral, encargado de llevar la acusación, expresó el desacuerdo de ambas entidades ante la decisión del juzgado de no escuchar a los afectados. Esto significa que "no se celebrará juicio oral y en unos días se dictará sentencia", indicó.

En opinión de este abogado, que la jueza no haya admitido las pruebas testimoniales de los tres afectados ni del comandante que les impidió el embarque indica "simplemente que al no haber controversia, porque ambas partes admiten lo ocurrido, no cabría sino un sentencia favorable para nosotros".

Hace cuatro años Iberia Regional Air Nostrum alegó motivos de seguridad al impedir la entrada en la nave de los tres jóvenes, al entender que "necesitaban un tutor que los cuidara en el avión durante el trayecto".

La vicepresidenta de CNSE manifestó que "eran mayores de edad, y sin embargo se les estaba diciendo: si eres sordo serás tratado eternamente como un niño".

El Cermi y la CNSE entienden además que a estos jóvenes se les denegó el embarque por el hecho de usar la lengua de signos española. Por este motivo, ambas entidades se plantean si "es necesario que todos los pasajeros sepan español o inglés y entiendan perfectamente a la azafata".

Las entidades demandantes piden al juzgado que condene a Iberia Regional Air Nostrum, por discriminación por razón de discapacidad, a indemnizar con 1 euro a cada uno de los perjudicados y a que cese en lo sucesivo de incurrir en este tipo de comportamientos, que a su juicio atentan contra los derechos fundamentales de las personas.