La suspensión decretada por el TSA se produce tras haber sido admitida a trámite una querella formulada por el ex oficial judicial Juan Ramírez, uno de los presuntos integrantes de la red de corrupción, que pasó dos meses en prisión por orden de la jueza.

Blanca Esther Díez ha recusado además a los tres magistrados que conforman la Sala de lo Penal del TSJA que decidieron su suspensión, al entender que la admisión a trámite de la querella "hace peligrar la imparcialidad deseada".

La jueza, que es defendida por el letrado marbell Luis Bertelli, afirma que el TSJA le ha impedido su "derecho a la defensa", al no haber sido llamada a declarar en el antejuicio celebrado previamente a la admisión de la querella.

En su recurso, la jueza solicita que las actuaciones emprendidas se retrotraigan a la presentación de la querella, para de esta forma poder alegar en el proceso judicial de la misma.

Mientras Blanca Esther Díez intenta superar su suspensión judicial, investiga una presunta estafa a un jeque de Arabia Saudí, cuyo montate podría ascender a quince mil millones de pesetas, en la construcción de una urbanización en Marbella.

El jeque, Fouad H. Ajhory denunció que sus asesores y empleados en la promoción de la urbanización Bahía de Marbella le desposeyeron de sus acciones mientras permaneció incomunicado en Arabia Saudí entre 1984 y 1992, al parecer por casuas política.

Entre los beneficiarios de esta acción podrían encontrarse varios abogados malagueños, entre ellos el ex alcalde de Málaga Francisco García Grana. ontra los letrados Asensio, Díaz Bastién y el británico Terence Browne ha dictado orden de detención, cuyas actuaciones se encuentran bajo secreto sumarial.