En la providencia, facilitado esta tarde, la magistrada ordena la intervención de todas las operaciones de IGS y nombra a los interventores judiciales a Francisco Prada Gayoso, Enrique Albert Monmati y a Banesto.

Asimismo, la providencia señala que se considera "parte en este expediente al Ministerio Fiscal" y ordena que la resolución judicial ea comunicada al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo del Ministerio de Trabajo encargado de hacer frente al pago de los sueldos de los trabajadores de empresas en crisis.

IGS presentó suspensión de pagos el pasado día 24, con un pasivo de 70.000 millones de pesetas. Los interventores judiciales dispondrán de un plazo de 70 días para organizar el proceso, después de que IGS presnete su balance definitivo, trámite que debe cumplir en el plazo de un mes.