Esta declaración estaba prevista para el próximo 3 de abril, pero se adelantó a mañana, después de que se difundiera la Memoria del SCH correspondiente al año 2002, en la que se refleja el pago de 108 millones de euros brutos al ex vicepresidente a cambio de su salida delbanco.

La magistrada también tomará declaración, pero en calidad de testigo, a Fernando de Asúa Alvarez, consejero y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones del SCH, comparecencia que también estaba prevista para el próximo 3 de abril.

La juez investiga este pago, dentro del caso que instruye sobre la bonificación de 43,75 millones de euros que el citado banco abonó a su ex co-presidente, José María Amusátegui.

Fue a principios de este mes de marzo cuando la magistrada decdió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.

La denuncia presentada por Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco deEspaña fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.

LA PRIMERA

El caso al que se une la investigación sobre Corcóstegui nació de la querella presentada previamente por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La juez admitió a trámite esta primera querella el pasado 5 de noviembre, al apreciar la existencia de un supuesto delito societario en la actuaión de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos ean removidos sin justa causa".