La citación está relacionada con la última querella interpuesta contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y el ex co-presidente de la entidad, José María Amusátegui, por pactar presuntamente entre ambos, en agosto de 2001, una elevada gratificación con el fin de compensar a Amusátegui por su salida de la dirección del banco.

Por otra parte, la jue ha solicitado al Santander Central Hispano (SCH) sus estatutos para comprobar si en ellos se contemplan contratos como el que firmó la citada entidad con el ex co-presidente Amusátegui.

La juez ha pedido a la asesoría jurídica del SCH que informe "del precepto o preceptos estatuarios u otras normas jurídicas que autoricen a celebrar contratos como el firmado en fecha 15 de enero de 1999 entre el presidente de la entidad y el señor Amusátegui".

En su providencia, la magistrada también pide conoce qué parte del estatuto permite la convalidación de tal contrato, al tiempo que solicita que le remitan copia de los estatutos vigentes anteriores a la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispano.

La querella contra Botín y Amusátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como ago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".