Se trata de Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca, ex secretario de Estado de Hacienda y ex asesor de BBV, Pedro Luis Uriarte Santamaría, ex vicepresidente y ex consejero delegado de la citada entidad, y Rodolfo Esteban Molinuevo, ex director adjunto, a quienes se imputaba un delito contra la Hacienda Pública.

El pasado 23 de febrero, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decidió ya el sobreseimiento libre y el archivo de la causa para Emilio Ybarra, ex presidente del BBV; Luis Javier Bastida, ex director financiero, y Juan Pedro Gil Vera, ex asesor financiero del banco.

Con el auto conocido hoy, el caso queda sobreseído, al no quedar ningún imputado en la causa y al considerar el magistrado Grande-Marlaska que no concurre "indicio de criminalidad alguno" en este caso.

En su resolución, Grande-Marlaska, que sustituye a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sostiene que cuesta creer que el BBV llevara a cabo la citada operación con ánimo defraudatorio, "más cuando la cuota que se dice defraudada no superaría nunca el 0,50% de los beneficios anuales del BBV".

"La constitución de la EBI Puerto Rico por parte del BBV en el año 1994 debía entenderse como una operación de conjunto, dirigida a la toma de control del Grupo Financiero Probursa, y con el fin de gestionar su saneamiento, introduciéndose de forma efectiva en dicho mercado bancario. Operación o actuación de conjunto que no puede ni debe fragmentarse menos aún para poder argumentar dolo defraudatorio serio", añade el auto.

Respecto a Pedro Luis Uriarte Santamaría, señala que "únicamente cabe reseñar que dirigió las operaciones para la toma de control de Probursa, sin que pueda concluirse indicación sobre el precio de transmisión de las acciones cuya probidad se discutía".

En cuanto a Estanislao Rodríguez-Ponga, indica que "se trataba de un empleado del BBV, sin perjuicio de su alta cualificación fiscal y laboral", y que no existe documentación sobre su "participación directa en la fijación del precio de la transacción debatida".

Asimismo, señala que la imputación de Rodolfo Esteban Molinuevo Orúe "se sustentaba en algo tan frágil como haber hecho llegar a responsables del Banco de España la valoración de dicha transacción".

A su juicio, esta circunstancia "confirma la pretendida fragmentación cuando ese expuesto era uno más del conjunto puesto en conocimiento de dicha institución y dirigido a obtener la autorización para la constitución de la EBI", es decir, del BBV International Investment Corporation Puerto Rico.

VERSION DE ANTICORRUPCION

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido en este caso que el BBV llevó a cabo una operación en México para hacerse con Mercantil Probursa a través de un banco especialmente creado al efecto en Puerto Rico (BBV International Investment Corporation Puerto Rico).

En la operación participaron, según la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de Probursa, José Madariaga, y su hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, situado por el FBI en la órbita del narcotráfico.

Montoya, según la Fiscalía Anticorrupción, habría facilitado al BBV la participación mayoritaria en Probursa "a cambio de legitimarle fondos procedentes de tal actividad ilícita (el narcotráfico), depositados en Grand Cayman".

Para esta operación se orquestaron una serie de préstamos "carentes de la mínima garantía" entre BBV International Finance Limited y la entidad creada en Puerto Rico.

Así, la compra de 182.559.050 acciones del Grupo Financiero Probursa se realizó el 4 de julio de 1995 entre sociedades filiales del Grupo BBV y se hizo "a un precio artificialmente elevado con el resultado previsto de trasladar pérdidas a BBV".

"Ello constituyó una operación económicamente irrelevante, así como jurídicamente innecesaria para que BBV controlara Probursa, pero que a la postre sirvió para determinar, eso sí, la indebida minoración de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en la cuantía de 3.498 millones de pesetas (21.026.071 euros) en los años 1995 a 1998, con vulneración de la ley", sostiene el fiscal.

El objetivo de dicha operación, sostiene la Fiscalía Anticorrupción, "fue obtener un importante beneficio económico a través de una defraudación tributaria".