El archivo afecta también al ex director financiero de la entidad Luis Javier Bastida y al ex asesor financiero Juan Pedro Gil Vera, según el auto.

Por el contrario, continuarán imputados, además de Rodríguez- Ponga, el ex vicepresidente y ex consejero delegado de BBV Pedro Luis Uriarte y el ex director adjunto Rodolfo Esteban Molinuevo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tomó esta decisión a petición del fiscal anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero.

Sobre el mantenimiento de la imputación de Rodríguez-Ponga, Garzón afirma rotundamente que su actuación como asesor de la operación provocó perjuicio a la Hacienda Pública.

El auto afirma que Rodríguez-Ponga analizó la operación "conforme a la especialidad profesional en el campo de la fiscalidad internacional y las transacciones con el exterior" y planteó "la correspondiente solución fiscal, que supuso la obtención de un beneficio para la entidad y un correlativo perjuicio para la Hacienda Pública".

"Dicha solución fiscal fue respuesta no a una eventual hipótesis de trabajo, como afirma aquél (en referencia a lo declarado por Ponga), sino a una situación concreta, con datos ciertos, proporcionados en el seno de la organización empresarial en la que dicho imputado prestó servicios como asesor fiscal específicamente versado en operaciones como la que ha constituido objeto de estas actuaciones", dice Garzón.

En su resolución, el juez señala que el papel de Rodríguez- Ponga se explica en el contexto de que "ni el señor Uriarte ni el señor Molinuevo eran expertos en tributos".

"Si bien pudieron estar de acuerdo y autorizaron, en sus respectivos grados de responsabilidad empresarial, la realización de una transmisión de acciones complementaria a la operación de toma de control de Probursa que carecía de coste significativo y que estaba directamente encaminada a la obtención de un importante beneficio fiscal para el banco, no poseían, sin embargo, los conocimientos precisos para ello, ni el análisis tributario de la operación se hallaba entre sus atribuciones", continúa.

Sin embargo, insiste en que las actuaciones practicadas confirman que, desde su génesis, los aspectos y detalles de la concreta operación investigada, así como el discurrir de la misma y sus efectos fiscales, "fueron posiblemente conocidos y autorizados por el consejero delegado de BBV Pedro Luis Uriarte y coordinada por él".

Respecto a Rodolfo Estaban Molinuevo, recuerda que éste remitió una carta al subjefe de Inspección del Banco de España, "en la que se indicaba como precio del paquete de 182.559.050 acciones, el de 80.714.934 dólares, que fue el importe definitivamente establecido, cuya desproporción con el valor real de dichas acciones llevó a contabilizar en BBV una pérdida con efectos fiscales consistentes en la disminución indebida de la base imponible correspondiente al impuesto de sociedades durante los años 1995 a 1998 y el no ingreso en dichos ejercicios de la cuota correspondiente".

OPERACION CORRECTA

Fuentes del BBVA defendieron que la operación de compra de Probursa fue "correcta" y confiaron en que así lo demuestre la instrucción judicial abierta en la Audiencia Nacional.

Además, explicaron a Servimedia que la operación contó en su día con el respaldo de muchos informes, incluido un informe del Ministerio de Hacienda.