La resolución, que es consecuencia de un recurso interpuesto por el sindicato USO, desautoriza la decisión del Gobierno de prohibir la concntración por los problemas de tráfico que pudiera originar, al realizarse en la calle de Alcalá, en el centro de la capital de España.

En la manifestación, que se prolongará desde las 11 a las 12,30 del mediodía, está previsto que participen unas 1.500 personas, entre trabajadores y familiares de empleados de la empresa Imepiel, que se trasladarán desde la Comunidad Valenciana a Madrid.

La movilización se produce después de que el comité de empresa de Imepiel rechazase la última oferta realizada or la dirección de la compañía, consistente en una indemnización de 40 días por año de servicio y el compromiso de abonar los salarios hasta el 15 de marzo.

Imepiel fue privatizada hace dos años por la Dirección General del Patrimonio del Estado, que se la vendió al empresario catalán José Cusí. Actualmente, se encuentra en suspensión de pagos y adeuda el salario de varios meses a sus trabajadores.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que tuvo acceso Servimedia, indica ue la prohibición gubernamental de la manifestación por posibles perturbaciones en el tráfico "no parece proporcionada ni razonable".

No obstante, para evitar trastornos, limita su duración a hora y media, al tiempo que insta a los manifestantes a ocupar sólo las aceras y no invadir la calzada.