Fue el pasado 10 de noviembre cuando la juez Gallego concluyó la instrucción del caso y decidió continuar el procedimiento por delitos de falsedad documental y/o falso testimonio y encubrimiento, contra los cuatro mandos policiales de los tres peritos que elaboraron dicho informe.

Los acusados son Francisco Ramírez Pérez, jefe de la Sección de Análisis Químicos del Laboratorio Químico Toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica; Pedro Luis Mélida Lledo, secretario general y segundo jefe de la Comisaría General de Policía Científica; Miguel Ángel Santano Soria, comisario general de la Policía Científica, y José Andradas Herranz, jefe de la Unidad Central de Análisis de la Comisaría General de Policía Científica.

Santano y otros imputados presentaron un recurso de reforma contra la decisión de la juez, alegando que se había vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, al no haber respetado la resolución dictada el plazo de diez días que, según la ley, debe mediar entre el levantamiento del secreto y la conclusión de las diligencias.

Ahora, la juez estima los recursos de reforma y concede un plazo de siete días a las partes para que soliciten las diligencias de instrucción que pudieran interesar en derecho, según un auto conocido hoy.

Para la instructora, se trata de un "simple defecto formal" que es "subsanable" y para evitar que, de lo contrario, se produzca una nulidad de parte de las actuaciones, reforma el auto recurrido.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, se ha encargado de investigar si los citados mandos policiales incurrieron en un delito de falsificación en documento oficial al modificar el informe elaborado por peritos policiales (Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique) que vinculaba los atentados del 11-M con ETA.

El polémico informe establecía la posible conexión al destacar que se había encontrado ácido bórico en casa del islamista Hassan El Haski, procesado por el 11-M, así como en un inmueble que utilizaron miembros de ETA y en el domicilio de un militante de grupos antisistema.