Según informó hoy la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) en un comunicado, el juez ha valorado la posible vulneración de derechos que se establece a partir de la aplicación de un tributo sobre la facturación, y no sobre el beneficio real de las empresas (una vez deducidos los gastos).

La patronal de las oficinas de farmacia explica que el Tribunal Constitucional deberá interpretar ahora si ha existido afectación de algún derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución y si el real decreto es un tributo creado para justificar las aportaciones impuestas a las oficinas de farmacia.

"En este caso, la inconstitucionalidad estaría justificada dado que este tipo de prestaciones patrimoniales de carácter público sólo pueden legislarse por ley y no mediante decreto", concluye la nota de prensa.