Vox ejerce la acusación popular en esta causa, que el magistrado cerró el pasado mes de enero, tras recibir un informe de la Policía científica que le indicaba que, tras un minucioso análisis, concluía que no era posible establecer la identidad de la persona que accedió por última vez al contenido de la tarjeta SD de ese dispositivo, ni tampoco saber quién la destruyó.

Pese a que los recursos técnicos se han agotado, el partido que dirige Santiago Abascal pedía al juez que citara a declarar como imputado al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. En un auto, García Castellón descarta esta posibilidad puesto que la Policía ha sido incapaz de determinar cómo y quién produjo los daños en la tarjeta y, por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad alguna Iglesias.

Reprocha el magistrado a Vox que en su recurso no concrete indicios tangibles en los que basar su petición y concluye que “únicamente se sustenta en sospechas". A continuación explica que "ante la ausencia de un acervo indiciario suficiente" confirma su decisión de concluir la investigación judicial sobre el caso una vez concluya las últimas diligencias acordada para el próximo miércoles, fecha en la que declararán como testigos, la propia Bousselham, su pareja en aquel momento, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y los peritos que han realizado el informe policial sobre a tarjeta.