Con la práctica de esta prueba, a cargo de los ingenieros de Caminos de la universidad granadina, se reinicia elcaso, tras la decisión adoptada la pasada semana por la Audiencia Provincial de Granada, que ordenó al juez Antonio Gallegos retomar estas diligencias.

Próximamente, el Juzgado de Instrucción número 1 deberá ordenar la práctica de las restantes pruebas que continúen la investigación, máxime cuando la Audiencia se refirió a la "parquedad de las diligencias iniciales".

Antonio Gallegos, que se enfrenta así a su tercer caso de trascendencia social archivado y reabierto posteriormente por una instanca superior, decidió la clausura de la investigación después de haber escuchado a la parte demandante, el juez de paz de Iznalloz, José Luis Hernández-Carrillo, y al demandado, el jefe de la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar.

Hernández-Carrillo manifestó hoy, tras conocer la decisión del juzgado, su satisfacción por que se reabra el caso y el informe se haya encargado a técnicos independientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El ministerio anunció la inmnencia de la modificación del firme y señalización horizontal del trazado de la N-323, que va desde Campotejar hasta Iznalloz (Granada). El mismo MOPT modificó, por la noche y por sorpresa, hace casi dos meses la señalización vertical en la calzada, disminuyendo a 80 kilómetros/hora la velocidad máxima permitida.

Desde esa fecha no se ha producido en la carretera ningún accidente mortal, por lo que "la primera batalla ya se ha ganado", según el demandante.