En un auto conocido este lunes, la instructora acuerda seguir con "las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado" contra todos los encausados en esta causa, menos contra Alejandro José Cardenal. Por ello, pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien en el plazo de diez días sobre la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

La instructora decide seguir el procedimiento, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cinta Calderón, Félix González, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.

Sobre Sánchez, la magistrada señala que "a lo largo de la resolución se han descrito los diferentes comportamientos que pueden ser constitutivos de dicha infracción penal". Concretamente, existen "indicios" de que el hermano del presidente Pedro Sánchez "habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al obtener que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera".

Además, habría actuado para "conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho", en referencia a Luis María Carrero, que fue empleado de La Moncloa.

"DE FORMA PRECIPITADA"

Al mismo tiempo, la juez considera que existen indicios suficientes de criminalidad en la creación del puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música en 2016 y su posterior transformación en 2022 en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La magistrada destaca que la creación del puesto no respondió a ninguna necesidad real manifestada por los directores de los conservatorios de música, sino que se gestó "de forma precipitada" en octubre de 2016 durante la elaboración de los presupuestos de la Diputación para 2017.

El auto señala que el puesto evolucionó "desde un gestor o jefe de servicio para el Conservatorio Superior, hasta un puesto de alta dirección que coordinase tanto el Conservatorio Superior como el Conservatorio Profesional", sin que conste "de quién partió la iniciativa de su creación".

La juez subraya que los directores de ambos conservatorios manifestaron en sus declaraciones que "nunca antes se había creado un puesto sin que ellos lo hubieran solicitado previamente" y que actualmente las funciones de coordinación las realizan profesores con descarga lectiva.

INDICIOS DE IRREGULARIDADES

El auto detalla que en la selección de Sánchez como coordinador en 2017 existen indicios de irregularidades, ya que la diputada delegada que propuso su nombramiento, Cristina Núñez, "no estuvo presente en las entrevistas" pese a basar su elección en "la contestación a las preguntas que se formularon".

La instructora destaca que una de las candidatas declaró que "tal entrevista no existió" y que "no le hicieron ninguna pregunta", lo que le extrañó al conocer posteriormente que una de las circunstancias esenciales para elegir a David Sánchez "fue la contestación a tales preguntas que a ella nunca se le hicieron".

La resolución también señala que existe una discrepancia entre el acta oficial de la comisión de valoración, que consideró aptos a seis candidatos, y un informe previo que solo calificaba como apto a David Sánchez.

DESVINCULACIÓN DE FUNCIONES

La magistrada resalta que tras su incorporación de una excedencia en octubre de 2021, David Sánchez "se centró fundamentalmente en el impulso y desarrollo del Programa Ópera Joven", siendo sus funciones de coordinación de actividades en los conservatorios "cada vez más residuales".

El auto indica que los actuales directores de los conservatorios declararon que desde hace años no tienen relación profesional con Sánchez, quien "se volcó totalmente" en el proyecto Ópera Joven y "se desvinculó de los conservatorios".

La juez considera que el cambio de denominación del puesto en 2022 a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas se realizó de forma irregular, ya que no se incluyó la preceptiva descripción de funciones exigida por la Ley de Función Pública de Extremadura.

La instructora señala que este cambio "no perseguía sino satisfacer los intereses personales" de Sánchez, incluyendo la eliminación de la incompatibilidad del puesto pese a ser contraria a la ley.

FALTA DE JUSTIFICACIÓN

La instructora destaca que Sánchez "dudó al ser preguntado sobre la Oficina de Artes Escénicas, no sabiendo describir el concepto con claridad pese a ser actualmente el Jefe de la misma".

El auto concluye que existen indicios suficientes de criminalidad que justifican la continuación del procedimiento, sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral, "momento en el que habrá de acreditarse cumplidamente por la acusación el sentido incriminatorio de estos indicios".