En el caso se encuentran implicados el ex presidente de Macosa y ex subsecretario del Ministerio de Industria, Eduardo Santos, y el ex consejero delegado de la empresa, Francisco Albiñana. Este último ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona el pasado día 1, mientras que Santos, sobre cuya persona pesa una orden de búsqueda y captura, se encuentra en paradero desconocido después d que el juez también dictara también prisión contra él.

La investigación judicial se centra en parte en la venta presuntamente irregular de la empresa Diagonal Mar por parte de Macosa a la multinacional Kepro por un valor de 12.000 millones de pesetas. En esta operación, Santos y Albiñana desviaron supuestamente unos 1.000 millones a través de la sociedad Unión Sotocién, según consta en el sumario.

Según el recurso presentado ayer por el representante legal de Santos, parte de la operación de vena de Diagonal Mar a Kepro se hizo cuando él ya se había ido de la sociedad, y que fue llevada a cabo por Juan Llopart, director general de una filial bancaria de La Caixa, y por Pedro Fontana, director general del COOB. Los dos gestionaban entonces Cofir, empresa que compró parte de Macosa.

Javier Villalba, uno de los implicados en el caso de la empresa Macosa, reconoció hoy ante el juez instructor la posibilidad de que se hubiera producido una desviación de dinero cifrada en unos 500 millones a favorde los gestores de Macosa, según informaron fuentes judiciales. Villalba es dirigente de Unión Sotocién.

El juez también citó hoy a declarar en relación al caso a Pedro Fontana, ex consejero de Macosa y director general del COOB 92, y a José María García Nieto, ex directivo de Macosa.

Las diligencias judiciales se iniciaron a raíz de la acusación de un grupo de accionistas minoritarios de Macosa contra los gestores de la sociedad a causa de la revalorización supuestamente irregular del activo de a empresa. Los accionistas presentaron un recurso administrativo ante el Instituto de Auditoría y Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía.

Otra línea de investigación de la supuesta estafa se centra en la empresa Inversores y Gestores Asociados SA (Ingesa), controlada por Eduardo Santos, y que fue adquirida por Macosa en 1990. Según figura en el Registro Mercantil, Ingesa fue comprada por 500 millones de pesetas cuando su capital era de sólo 10 millones.

Ingesa estaba controlada por Santo y otros directivos de Macosa que dejaron esta última empresa en marzo de 1990, coincidiendo con la compra de una parte significativa de la misma por Cofir. Macosa ha pasado a denominarse recientemente Corporación Arco SA.

Para el representante legal de un grupo de querellantes, Albert Salazar, Macosa es un fraude que "ha causado grandes perjuicios a los accionistas". Según dijo, "los que se han quedado el dinero de la sociedad buscaban el lucro personal".

Otro de los frentes de investigación delmagistrado se refiere a la condonación del Banco Central a Macosa de una deuda de 1.500 millones de pesetas correspondiente a los intereses de un préstamo. Luis Blázquez, consejero director del Banco Central Hispano, había declarado al juez hace unos días que el perdón se debió a un pacto del banco con el Ministerio de Industria dentro del Plan de Reconversión Siderúrgica para ayudar al sector.