Según estas fuentes, el hecho de que los cadáveres fuesen repatriados a España sin que estuvieran inscrios en el Registro Civil como fallecidos y sin que contasen con la preceptiva autorización judicial para ser enterrados, hizo que fuese necesario hacerlo una vez aquí.

De este modo, las autoridades militares se dirigieron al titular del juzgado de guardia, que el pasado sábado -día del suceso- era Fernando Andreu, para que autorizase la inhumación de los cuerpos de los agentes.

Como quiera que éstos fallecieron de forma violenta, la Audiencia Nacional no podía limitarse a dar un simple permiso, si investigar cómo se había producido la muerte de los espías. Por este motivo abrió diligencias previas.

A pesar de que hubiese algún juez militar en el destacamento español en Iraq, no podría haber solucionado estos trámites legales, puesto que a efectos jurídicos no estamos en guerra en Iraq, ya que el Parlamento español no ha aprobado ninguna declaración a este respecto.

De momento, el magistrado Fernando Andreu ha solicitado que le remitan los resultados oficiales de las autopsias y ha reclamao que los médicos que los realizaron los corroboren en la Audiencia Nacional. Asimismo, ha pedido que al Ministerio de Defensa que le envíe los informes que obran en su poder sobre lo ocurrido el pasado sábado.

Fuentes jurídicas no descartan que se cite a declarar al único superviviente del atentado, el agente del CNI José Manuel Sánchez Riera. Según dichas fuentes, sería "deseable" cursar una comisión rogatoria a Iraq para averiguar lo que pasó, aunque dada la precariedad del estado de la Administracón del país árabe, es muy improbable que se haga.

Fuentes jurídicas indicaron que la Audiencia Nacional asumió "instrumentalmente" la competencia de este caso en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece que éste órgano puede investigar "los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse como (...) atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles".

El fiscal jefe de la Audienci Nacional, emitió un informe "in voce" en el que defendía la investigación de los sucesos como un delito de "atentado terrorista", informaron fuentes jurídicas.

El titular Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional asumió la investigación de los hechos en vista de que no se tiene noticia de que ningún tribunal iraquí haya abierto una investigación para esclarecer los hechos. Si se llegase a producir esta circunstancia, la investigación podría seguir paralela en la Audiencia o podía ser archivada.

El caso de los asesinatos del también miembro de la Inteligencia española, José Antonio Bernal Gómez, el pasado 9 de octubre, y del capitán de navío Manuel Martín-Oar, muerto en el atentado contra la sede de la ONU en la capital iraquí el pasado mes de agosto, fue distinto, ya que ambos fueron repatriados a España a instancias de las autoridades judiciales iraquíes.