La juez instructora considera en su auto que la violencia de género es un delito público y uno de los problemas de ámbito social más importantes por lo que, contraria a la opinión de la fiscalía valenciana, no ve inconveniente en que el gobierno regional se persone como acusación.

A pesar de que esta decisión puede recurrirse, la Generalitat manifestó en comunicado de prensa que "confía en que el fiscal no recurra una personación expresamente recogida en el artículo 36 de la Ley 9/2003 y aprobada por las Cortes Valencianas".

Según explica el comunicado, esta ley "habilita a la Consejería de Bienestar Social para proponer al Gobierno Regional el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogados, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunidad Valenciana".