Entre los imputados se encuentran los generales José Efraín Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala entre 1982 y 1983, y Oscar Humberto Mejía Victores, que fue Jefe de Estado de dicho país entre 1983 y 1986, así como Donaldo Alvarez Ruiz, ministro de Gobernación de Guatemala entre 1978 y 1982.

En el auto, el juez ordena la prisión provisional comunicada y sin fianza de los siete imputados a los efectos de su detención y extradición a España.Así, Pedraz ordena que se libren las oportunas órdenes nacionales e internacionales de busca y captura contra ellos "para que sean aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial española".

Asimismo, decreta el embargo de todos los bienes de los que sean titulares los imputados, directamente o a través de testaferros, así como el bloqueo de las cuentas bancarias que tengan, bien a su nombre o a través de terceras personas.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de haber viajado la semana pasada a Guatemala para interrogar a los citados imputados y a varios testigos sin conseguirlo, debido a que los recursos presentados por los querellados paralizó el trabajo previsto por la comisión judicial española trasladada allí.

En su resolución, Pedraz recuerda que en la comisión rogatoria a Guatemala se ha detectado una "clara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de los hechos denunciados" y destaca la "obstrucción constante y pertinaz" de los imputados, "que lleva que lleva como corolario el ponerse a seguro de la acción de la justicia española".

El magistrado señala que, teniendo en cuenta la "actitud obstruccionista" de los imputados y los indicios que existen contra ellos, no le queda más remedio que adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar que los citados "campen por sus respetos burlando la jurisdicción española".

EL CASO

Entre los hechos que se investigan en este caso se encuentran el asalto de la Embajada Española en Guatemala en 1980, en el que murieron 37 personas, y al asesinato de cuatro sacerdotes españoles.

Estos hechos se encuentran dentro de la denuncia que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional en diciembre de 1999 por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala, especialmente contra la población indígena, entre 1962 y 1996, año en que la guerrilla y el gobierno suscribieron los Acuerdos de Paz.

El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz-Polanco, decidió en marzo de 2000 admitir a trámite la denuncia.

Sin embargo, la Fiscalía se pronunció en contra de la decisión del magistrado y presentó un recurso que tuvo que ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así, el 13 de diciembre de 2000, los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron archivar la causa al entender que España no era competente para investigar ese caso, puesto en Guatemala no se habían agotado las vías judiciales.

El fallo del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue recurrido por los abogados de la Premio Nobel de la Paz ante el Tribunal Supremo, que en marzo de 2003 revocó parcialmente el archivo y delimitó la investigación a los casos de las víctimas españolas (el asalto a la embajada y el asesinato de los sacerdotes).

Posteriormente, el Tribunal Constitucional estableció que las investigaciones judiciales sobre genocidio no pueden limitarse a los casos en los que las víctimas sean españolas, porque el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.